La privatización encubierta de los hospitales: Un nuevo paso en la mercantilización de la salud

Comunidades como las de Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares o Castilla y León están construyendo centros hospitalarios cuya gestión se ha cedido a empresas privadas. Se trata de la puesta en funcionamiento del modelo Private Financing Initiative (PFI) importado del Reino Unido por el cual las administraciones ceden suelo público durante al menos 30 años a la empresa que lo construye a la que además se le paga un alquiler anual por su gestión ¡con fondos públicos!

Los profesionales sanitarios organizados para denunciar este modelo aseguran que esto supone la privatización encubierta de los hospitales y un nuevo paso en la “mercantilización” de la salud. Sesenta mil millones de euros de gasto sanitario anual están en juego.

Las aguas del sistema sanitario están revueltas. Durante los últimos años, a una velocidad inusitada, se está produciendo un profundo cambio en el modelo hasta ahora público de gestión de los hospitales españoles dando entrada en el mismo al capital privado y los modelos empresariales de gestión. Un cambio económico pero también “filosófico” pues se está pasando del concepto de asistencia pública universal y gratuita en el que se da prioridad a las personas por encima del coste a un modelo economicista regido por criterios financieros -e incluso especulativos- en los que la salud se contempla como un negocio más. Las protestas de trabajadores y usuarios de la sanidad pública se vienen sucediendo desde hace meses. La última -y quizás más relevante- fue la manifestación que se celebró el pasado 5 de marzo en el centro de Madrid convocada por organizaciones de profesionales de la salud y usuarios unidos sobre todo en torno a la Coordinadora Anti-privatización de Madrid (CAS Madrid). Como explica Juan Antonio Gómez Liébana, enfermero y sociólogo, “los gobiernos del Partido Popular (PP), sobre todo en Madrid y Valencia pero también los del PSOE en las distintas comunidades autónomas y municipios, están desarrollando un modelo sanitario que desmantela poco a poco el sistema público para ofrecer enormes beneficios a constructoras, entidades financieras y aseguradoras sanitarias”.
Hablamos de hospitales nuevos gestionados por el sistema PFI que no han tenido una planificación sanitaria por parte de la Administración o, al menos, no se ha publicado. A día de hoy las comunidades autónomas que están implantando este sistema son Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares y Castilla León. Este “modelo de gestión” consiste en la cesión de suelo público por parte de las administraciones regionales durante al menos 30 años a la empresa que construye el nuevo centro hospitalario. Además se le paga a la misma un alquiler anual por su gestión que proviene de fondos públicos. Por ejemplo, el último canon por los siete hospitales PFI construidos en Madrid en los últimos años ha sido de ¡158 millones de euros! Los servicios de “apoyo” (administración, limpieza, esterilización, alimentación, jardinería, residuos, transporte, almacenes y distribución, archivo y documentación o telefonía) son subcontratados a otras empresas privadas. La explotación de las “zonas complementarias comerciales” (parking, tiendas, restauración o vending) es de libre contratación también. “Todo ello significa un enorme cambio de modelo pues ahora en la sanidad prima el ánimo de lucro”, argumenta Gómez Liébana.
Cabe añadir que algunas de las empresas beneficiadas con estas concesiones son Dragados, Sacyr Vallehermoso, Acciona, FCC, Hispánica, Begar, Capio y Caja Madrid. Y, por lo general, la mitad de la propiedad de los mismos pertenece a alguna gran aseguradora; como Adeslas, Sanitas y DKV.
Otra característica de los nuevos centros de salud es que la alta tecnología utilizada en ellos -la más costosa también- está subvencionada por la administración. Por ejemplo, los sistemas de información corren a cargo de Siemens, General Electric, IBM, Soluziona o El Corte Inglés. Y el equipamiento de Oncología Radioterápica lo gestiona Toshiba. También se han adjudicado 2.206.320 euros en concepto de “Apoyo Técnico a la Unidad de Control Administrativa de las obras y servicios públicos de los siete hospitales” pero esa labor en vez de realizarla los inspectores y funcionarios públicos de la Administración la hacen empresas privadas con lo que se produce un evidente conflicto de intereses.

EL “EJEMPLO” DEL HOSPITAL DE ALZIRA

El Hospital de la Ribera de Alzira (Valencia) fue el primero del “modelo PFI” que se desarrolló en España. Fue estrenado en 1999 -hace por tanto ya una década- y es el proyecto en el que fijan su atención los gestores de los demás hospitales que siguen su trayectoria. También es un punto de referencia para los críticos de este modelo público-privado de gestión precisamente por ser el primero y porque con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo pueden juzgarse con mayor precisión los hechos y sus consecuencias.
El conocido como Hospital de Alzira fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE Ribera Salud) formada por Adeslas con el 51%, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) con otro 45 %, ACS Dragados con un 2% y Lubasa con el restante 2%. Éstas construyeron el hospital por 72 millones de euros aunque en un principio se anunció que serían 41. Su explotación duraría diez años pasados los cuales el hospital revertiría al sector público. Pues bien, tras cuatro años de actividad la UTE Ribera Salud reconoció unas pérdidas de 5,24 millones de euros. Entonces la Consejería de Sanidad del gobierno valenciano extinguió el contrato y fue al “rescate” del hospital abonando a la unión de empresas propietaria del complejo sanitario el importe de la inversión realizada. Para lo cual se dedicaron en el presupuesto del año 2003 hasta 43,9 millones de euros. Es decir, a pesar de no figurar en el contrato original ni en el pliego de cláusulas de explotación la Consejería tuvo la desfachatez de dar a la empresa 25,4 millones de euros como “indemnización para cubrir el lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban” y otros 43,9 millones de euros por los activos que quedaban por amortizar (quedaba por amortizar el 60%). Con posterioridad el Sindic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) censuraría en un informe dicha indemnización.
A continuación la Consejería de Sanidad valenciana convocó un nuevo concurso de gestión sanitaria de la comarca incluyendo esta vez entre lo privatizado la Atención Primaria de la zona (que incluye trece centros de salud) y, de paso, mejorando las condiciones económicas para la empresa adjudicataria (se elevó el pago por persona a 379 euros por habitante y año, y se alargó el periodo de concesión a 15 años prorrogables otros cinco). Casualidades de la vida -o no tanto- la concesión recayó en la misma empresa, UTE Ribera Salud, que había hecho fracasar el primer proyecto de hospital PFI en España. A partir del año 2003, con las nuevas condiciones, los accionistas de Alzira comenzaron a repartir ganancias: 3,1 millones de euros en el 2007 (al cierre de esta edición estaba a punto de darse a conocer el informe de cuentas de 2008 que no hemos podido ver).
Los trabajadores del centro creen que a esta situación se ha llegado en parte porque las plantillas están sobreexplotadas y desmoralizadas. Lo denuncian Vicente Bigorra -médico de familia del Centro de Salud de Guadassuar- y Miguel Morera -médico de familia del Centro de Salud de Algemesí-, miembros del Sindicato Médico de Asistencia Pública (SIMAP) en su artículo Muchas sombras y pocas luces en la privatización de la Sanidad Pública: “La falta de creación de plazas y la ignominia de los contratos basura son lacras que emponzoñan nuestra sanidad. Cuando alguien recuerda esto a la administración la respuesta es un silencio de desdén. Si bien estos problemas afectan al conjunto de la Comunidad Autónoma, y quizás a mayor escala en el área 10 (en la que se incluye el hospital de Alzira), según lo apuntado anteriormente se dan las condiciones idóneas para una mayor regresión. Un profesional que sea contratado hoy lo es para cubrir necesidades puntuales, cambiando con frecuencia de tipo de trabajo (atención ordinaria o continuada), cupo de medicina general, categoría profesional (médico de familia o pediatra) e, incluso, de centro”.
Además las condiciones de trabajo en el Hospital de la Ribera no son buenas. El ambiente laboral está enrarecido. Según Pedro Durán, médico de dicho centro hospitalario y delegado sindical del SIMAP, “al menos 50 médicos se han ido en el último año y el recambio no está garantizado. No es fácil trabajar aquí porque existe mucha presión. Trabajamos al 150% de nuestra capacidad. La mayor parte de los profesionales que empezaron hace diez años creían que con el nuevo modelo iban a desarrollarse profesionalmente pero tras este tiempo de sobreesfuerzos están decepcionados y se sienten engañados por no sentirse compensados, tanto desde el punto de vista retributivo como desde el trato que se recibe plagado de autoritarismos e imposiciones. Todo ello hace que busquen otros destinos donde se les trate mejor en ambos sentidos”.
El esquema descrito es el mismo que se sigue y se va a seguir en el resto de las concesiones en la comunidad valenciana: aseguradoras sanitarias, cajas de ahorros y constructoras se reparten la tarta. Los complejos sanitarios modelo PFI de Torrevieja y Denia ya están funcionando. El nuevo hospital de Manises se supone que se estrena el próximo 1 de mayo (aunque cuentan desde el SIMAP que lo más seguro es que no cumpla con la fecha de estreno prevista) y el de Elche-Crevillente se espera que esté terminado en 2010.

PROBLEMAS TAMBIÉN EN MADRID

Ésos son los hospitales que está previsto construir en la comunidad valenciana pero no son todos los que se impulsan con este modelo de gestión en España. Como comentábamos, antes desde que en el 2004 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pusiera en funcionamiento el modelo Private Financing Initiative se han construido en tiempo récord siete hospitales en dicha región y hay otros cuatro planificados que presumiblemente seguirán la misma línea: Un nuevo centro PFI acaba de ser licitado en Torrejón (por tanto tardará entre dos y tres años en abrirse) y otros proyectos están a punto de licitarse en Carabanchel, Collado Villalba y Móstoles. Y como veremos luego, por lo general allí donde se proyecta uno de estos hospitales el desarrollo del mismo va acompañado de diferentes problemas. Tan es así que, por ejemplo, el sindicato Federación de Médicos y Titulados Superiores -de ideología conservadora y que ha colaborado en todos estos años con el gobierno de Aguirre al no criticar el proceso de privatización encubierta que está llevándose a cabo ni los hospitales PFI- se vio obligado a denunciar -y ha ganando la demanda mediante sentencia judicial- que el nombramiento de los 1.091 médicos para los recientes hospitales PFI de Madrid fue ilegal ya que existió “discrecionalidad en la adjudicación de plazas”. Decisión judicial que ha sido recurrida por los afectados.
Ahora bien, en declaraciones a la revista Redacción Médica Antonio Burgueño -Director General de Hospitales de Madrid e inspirador del modelo PFI- asegura que esta fórmula la promovió el PSOE con su Informe Abril Martorell en 1991. Y es cierto… pero Burgueño está de acuerdo y lo justifica así: “Hay ahorro administrativo. El esquema al que se tiende es el de centralizar la burocracia. Otra de las posibilidades es también hacer las compras hospitalarias entre varios centros juntos o todos; y eso abarataría costes”.
El marco legal que ampara todas estas prácticas es la Ley 15/97, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión aprobada cuando el PP(Partido Popular) gobernaba en minoría y apoyada -sin su voto no hubiera prosperado- por el PSOE(Partido "Socialista" Obrero Español). Por eso la campaña que pide su derogación está chocando con la oposición tanto de PP como de PSOE. Por ejemplo, en el pleno municipal del madrileño ayuntamiento de Meco celebrado el 26 de febrero pasado Izquierda Unida (IU) presentó la siguiente moción: “1.- Solicitar al Parlamento estatal la derogación de la ley 15/97. 2.- Instar a Comunidad de Madrid a que paralice la contrarreforma sanitaria que está llevando a cabo dado que la evidencia científica internacional establece que los modelos de gestión privados tienen peores indicadores de calidad que los públicos (no lucrativos)”. Pues bien, la votación fue de 15 votos en contra -10 del PP y 5 del PSOE- y 2 votos a favor -IU y Partido Socialista Independiente de Meco (PSIM)- por lo que la propuesta fue rechazada. También en Collado Villalba se han organizado protestas porque el nuevo hospital público-privado que quiere desarrollarse será edificado en suelo público protegido de valor ecológico. Y de necesitarse -cosa que niegan desde Cas Madrid- existen otros terrenos urbanizables y con mejores accesos por situarse en las inmediaciones de la autopista A-6, en otro paraje de la localidad. Aunque lo que peor ha sentado, según María Ángeles Nieto de Ecologistas en Acción (uno de los grupos que se opone con mayor intensidad a la construcción de dicho centro por los problemas medioambientales y sociales que puede generar), es que un gobierno municipal del PSOE “se haya doblegado a la política de privatización del gobierno regional”.

FRACASO EN EL REINO UNIDO

El modelo PFI ha sido importado del Reino Unido –el primer proyecto PFI surgió en Gran Bretaña en 1992 como consecuencia de las reformas “de mercado libre” llevadas a cabo por el gobierno conservador- pero en dicho país los hospitales que se rigen por este modelo no paran de ofrecer problemas y el Gobierno británico ha tenido que “rescatarlos” también en diversas ocasiones. Por un lado está el caso del gigantesco proyecto del hospital Barts and The London (1,2 billones de libras) que tuvo que afrontar importantes recortes e, incluso, dejar vacíos varios pisos del nuevo edificio que habían construido aunque al final el consejo de ministros decidiera que el proyecto siguiera adelante con la promesa de que iba a recibir beneficios a largo plazo.
Durante 2006 varias empresas concesionarias han reducido drásticamente sus planes de inversión aún después de haber provocado, bien el cierre de algunos servicios en sus hospitales, bien la reducción de plantillas en otros (como ha ocurrido en los de West Hertfordshire o el Mid Essex Hospitals). Otros proyectos PFI han encarado drásticos recortes de plantillas incluso en servicios críticos (como en el hospital Epsom y St Helier o Northwick Park). Un ejemplo del problema que este aumento de costes está ocasionando es el de los hospitales South Tees y Queen Elizabeth que están pagando por el alquiler de las instalaciones a la empresa Consortia más del 20% de sus beneficios lo que representa 9 millones de libras anuales más que si el proyecto hubiera sido financiado públicamente.
Natalie Mehra, directora de la Ontario Health Coalition (Coalición por la Salud de Ontario), publicó un informe titulado Flawed failed abandoned que -sin la pretensión de ser exhaustivo- aportaba un breve resumen de 100 proyectos PFI llevados a cabo tanto en Canadá como en otros países, sobre todo en Reino Unido. Pues bien, en él cuenta que las inspecciones realizadas dan cuenta de serios problemas de calidad, desastres ambientales y graves accidentes ocurridos durante la realización de varios proyectos.
También se detectaron disputas legales, muy gravosas para el sector público ya que afectan a la ejecución de cláusulas de los contratos. En varias ocasiones gobiernos y autoridades locales se vieron obligados a volver a comprar su parte al sector privado debido a la situación de quiebra o fracaso económico. Lo que los elevados costes de los PFI han generado son pues recortes y reducción de las prestaciones de los servicios públicos. En varios procesos los proyectos aprobados se apoyaban en planes de productividad y coste/beneficio tan alejados de la realidad que se fueron inviables. En otros casos el desvío de fondos públicos a los PFI desembocó en una privatización adicional y en un menor acceso a los servicios públicos.
Y es que los “sobrecostes” se presentan muy a menudo tras la firma de los contratos siendo frecuentes los incrementos derivados de los gastos de negociación, honorarios de abogados y consultores, desastres ambientales, quiebras y demás incidentes graves. Por otra parte, en el diseño y la construcción se producen graves defectos pues por lo general los proyectos se realizan para satisfacer las necesidades de los socios privados y no las de los ciudadanos. De hecho los proyectos mal diseñados han invadido los hospitales británicos modelo PFI en los que se crean espacios reducidos para los servicios públicos mientras se potencia el destinado a zonas comerciales. Asimismo se trasladan los hospitales fuera de la ciudad donde los terrenos son más baratos. Y la construcción con materiales de mala calidad ha sido factor fundamental en los accidentes que se han producido durante la ejecución de varios proyectos, algunos de los cuales tuvieron resultado fatales.
Bueno, pues estos “síntomas de desbarajuste” no son ajenos a los hospitales PFI españoles. “En España ha habido problemas en todos pero apenas han trascendido a la prensa. Un ejemplo de cómo se han hecho las cosas es el de Puerta de Hierro-Majadahonda. Tras inaugurarse presentaba goteras, problemas en el mantenimiento de la piscina de rehabilitación -a la que hubo de cambiársele el agua tras llegar a oler- así como otras deficiencias en el funcionamiento del laboratorio”, explica Gómez Liébana. Éstos y otros problemas también los dio a conocer a través de Europa Press, Ana Franco, presidenta de la Asociación de Profesionales de los Laboratorios Públicos (Aprolab) a poco de estrenarse la instalación sanitaria. Los hechos fueron negados casi al instante por la dirección del hospital.

UN MODELO GLOBAL

La expansión de los hospitales modelo PFI es fiel reflejo del avance de las políticas neoliberales que se imponen a través de instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tendentes a privatizar todos los sectores públicos, incluido el sanitario. Dentro de esta estrategia neoliberal los políticos enmascaran las transformaciones privatizadoras presentando como un proceso de “inevitable modernización” lo que en realidad siguen siendo las prácticas habituales de acumulación mediante la privatización de servicios. Hemos citado los casos de Gran Bretaña y Canadá -países pioneros en implantar este sistema publico-privado- pero en todo el mundo se repite la misma historia. También en Alemania se están introduciendo medidas similares a las puestas en marcha hace tiempo en el Reino Unido.
Cabe agregar que todo esto está socavando de tal manera la actividad de los hospitales del sector público que puede llevar al cierre a uno de cada tres hospitales. Todo lo cual beneficia a los privados de menor tamaño y más especializados.
El sector privado está creciendo sin parar. En Irlanda se prevé la construcción de hospitales privados en terrenos públicos. Eslovenia proyecta privatizar otro 25% de sus servicios de asistencia primaria. Bulgaria está preparando la privatización de hospitales estatales endeudados. Al Gobierno de Corea del Sur se le está presionando para que abra las puertas a proveedores de hospitales privados con fines de lucro.
Pero toda moneda tiene dos caras y no siempre muestra la más amarga: muchas de las más ambiciosas reformas liberales fueron efímeras y se abandonaron por fracasar a mediados de la década de los 90 (en Suecia y Nueva Zelanda) o se descartaron antes que se desarrollaran lo suficiente (en Países Bajos). Suecia, por ejemplo, ha ido más lejos aún: tras la privatización de un hospital-fundación en Estocolmo: se ha promulgado legislación para prevenir la ulterior privatización de hospitales e impedir que los hospitales privados atiendan casos de pacientes financiados por el Estado. Y en la República Checa el Gobierno ha aprobado leyes para detener la privatización de hospitales y establecer una red de 140 hospitales sin fines de lucro al menos hasta 2008. Los opositores se quejaban de que esa “nacionalización” podría obligar a 80 hospitales privados a cerrar ya que perderían contratos con fondos de seguros. Los partidarios de la reforma argumentan que las medidas del Gobierno contribuirán a resolver las deudas cada vez mayores que genera el sistema existente y a garantizar la asistencia accesible para todos.
Pero fue en Nueva Zelanda donde se dio el fracaso más rotundo: no se logró ninguna de las ventajas anunciadas. La adopción de una “división de costes entre el comprador y el proveedor” con el establecimiento de 23 unidades proveedoras autónomas llamadas Crown Health Enterprises (CHE) disparó los costes de administración de los compradores al tiempo que las listas de espera crecían y las CHE acumulaban deudas masivas.

NACE DEMPEUS EN CATALUÑA-BARCELONA

El camino “privatizador” tomado por el Departamento de Salud de Cataluña que dirige Marina Geli -del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE)- está chocando con la oposición de cada vez más profesionales sanitarios y ciudadanos en esa comunidad. De hecho el 20 de febrero se presentó en Barcelona una plataforma que va a trabajar en defensa del modelo sanitario público. Se denomina Dempeus (que en castellano significa “en pié”) y a ella se han unido personas del mundo de la cultura catalana, profesionales de la salud (médicos, farmacéuticos, enfermeras y profesoras de Enfermería o fisioterapeutas), economistas, sindicalistas, asociaciones de vecinos y académicos de la Universidad de Barcelona, entre otras.
Claro que el actual modelo sanitario catalán tiene ciertas particularidades que han favorecido el desigual acceso de la población a la asistencia sanitaria. La Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña de 1990 consolidó un modelo “mixto” público-privado de utilización de los servicios hospitalarios pese a que existe un Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) adscrito al Departamento de Salud, responsable de garantizar la prestación sanitaria pública sin discriminación. Modelo que fue el que inspiró el ya citado Informe Martorell de políticas sanitarias que ahora se practican en las comunidades autónomas que impulsan el PFI.
“Desde la creación del Gobierno autonómico catalán hace 23 años, tanto con conservadores como con progresistas al frente del ejecutivo, se ha repetido un modelo de depredación de los recursos sanitarios con privatizaciones, externalizaciones, quiebras económicas fraudulentas, modelos de gestión mercantilistas, medidas de apoyo a la sanidad privada con fondos públicos, sometimiento a las grandes compañías aseguradoras o mutuas privadas y a la industria farmacéutica. El sistema público se ha degradado”, afirmaría Angells Martínez, profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona y una de las coordinadoras de la plataforma Dempeus.
Esta tendencia no se ha corregido. Más de la mitad del presupuesto sanitario de la Generalitat de Cataluña se sigue dirigiendo a entidades de carácter privado o mixto. “En Cataluña se producen paradojas como que en el Hospital Clinic, público por las mañanas, se ofrecen citas para consultas con varios meses de antelación mientras por las tardes, previo pago de 185 euros (dato de septiembre de 2008), cuando se pide hora la dan a ‘sólo’ dos meses vista en la entidad Barnaclinic por médicos privados”, explica Martínez.
Barnaclínic es una empresa de asistencia sanitaria privada que utiliza las instalaciones, equipamientos y el personal médico del hospital público. El paciente paga y los médicos trabajan fuera de su horario laboral en él. Creado en el año 2000 Barnaclínic cuenta con 311 médicos del Clínic que compaginan la actividad pública y privada en el mismo centro. En el 2008 atendieron a 43.000 pacientes y facturaron 12 millones de euros. De este negocio el hospital Clínic obtuvo unos ingresos de ocho millones que fue lo que le pagó Barnaclínic por el uso de sus instalaciones y equipos. “En una situación de crisis económica como la actual se recortan los gastos sanitarios con los viejos argumentos de que no hay bastante dinero para sanidad y que hay que poner unos ‘límites’ al gasto. Se culpabiliza la ciudadanía del gasto sanitario público con el fin de vencer las resistencias hacia un co-pago con nuevas tasas a los servicios públicos y se la dirige hacia aseguradoras y coberturas privadas”, critica el médico adscrito a Dempeus Antoni Barbarà, asesor de Salud del Ayuntamiento de Barcelona.
“Estos nuevos modelos de gestión aseguran que la salud sea, en estos tiempos de ‘desaceleración’, uno de los pocos negocios rentables”, argumenta Clara Valverde, ex profesora de enfermería, escritora especializada en bio-política y presidenta de la Liga SFC (Síndrome de Fatiga Crónica). Pero, ¿y cuáles son los principales problemas de estos nuevos modelos de gestión? Valverde es clara: “Muchos: que están regidos por las leyes de la gestión privada (con lo cual no tienen que rendir cuentas a la ciudadanía); que los costes de las concesiones administrativas las pagamos los ciudadanos con impuestos, pagos más allá de lo que se necesitaría en una sanidad realmente pública; que separar los compradores de los proveedores es ineficaz y reduce las posibilidades de que el proceso sea transparente; que la razón de ser de los Nuevos Modelos de Gestión es crear beneficios para los propietarios y gestores de los consorcios, fundaciones, etc. y que para hacer eso la manera más fácil es recortar la puestos de trabajo. Todo esto tiene un efecto drástico sobre la calidad de los servicios sanitarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe del Estado de la Salud 2006, dice que estos modelos de gestión rebajan la calidad del servicio sanitario y aumentan la mortalidad y las infecciones hospitalarias”
En suma, los próximos años van a ser capitales para dirimir el futuro de la sanidad pública en España. Los dos grandes partidos han apostado por la privatización. Y deberían justificar sus razones porque no se entienden. Están favoreciendo los intereses de unos pocos a costa de los de la inmensa mayoría Por eso enfrente tienen ya a buena parte de los profesionales sanitarios y de los usuarios, cada vez más organizados en defensa del actual modelo público universal y gratuito de asistencia.